Hace ya siete años que se creó la Agenda 2030, cuyo propósito es mejorar la calidad de vida de las personas. Esta agenda contaba con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El número 8 es el que promueve el “Trabajo decente y crecimiento económico” para todos. Tristemente, en tiempos de crisis como los que nos toca vivir, resulta difícil cumplir ese ODS. Pero mucho más aún en el caso de las personas con algún tipo de discapacidad. Ellas son las más vulnerables a la hora de derribar las barreras que impiden acceder al mercado laboral. Porque la necesidad de luchar contra la discriminación laboral sigue siendo una realidad, como constatamos con frecuencia y lamentablemente, desde Ceesur INTEGRACIÓN.
Una lacra global
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), siete de cada diez personas con discapacidad en el mundo se encuentran desocupadas y ni siquiera buscan trabajo, en comparación con la ratio de cuatro de cada diez que no tienen ninguna discapacidad. Pero, además, la igualdad de género también se ve perjudicada. Un total de 60 países la tasa de inactividad en mujeres con discapacidad es superior a la del resto de mujeres, pero también a la de los hombres con y sin discapacidad, ya sea esta física, psíquica o sensorial.
Cuando las empresas dan la espalda a estas personas levantan un muro que les aboca al “trabajo informal” y favorece la discriminación laboral de las personas con discapacidad. Y esto se traduce para estas personas en falta de seguridad y prestaciones, a decir de la OIT y de cualquiera que conozca un poco cómo funcionan las cosas en la economía sumergida. Eso hace que las personas con discapacidad sean las primeras en caer y las últimas en levantarse cuando llega una crisis.
Una nueva Ley contra la Discriminación laboral
El pasado 13 de julio se publicaba en el BOE la Ley 15/2022 Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación laboral, que recuerda que la Constitución reconoce este derecho, no solo, pero, también, a las personas con discapacidad. Así que, desde este verano, cuando un empresario no respete la cuota de reserva del 2% a favor de trabajadores y trabajadoras con discapacidad, desde el prejuicio injusto y absurdo de que quizá van a ser menos productivos o eficaces que el resto de la plantilla, estará saltándose dos leyes en vez de una: la Ley General de Discapacidad y la nueva Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. Su comportamiento debería ser sancionado y corregido por el conjunto de la sociedad. En el siglo XXI, la discriminación laboral de las personas especiales no es una cuestión únicamente de índole ético, también es una cuestión legal. Tomen nota quienes se den por aludidos.
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