La eliminación de los incentivos existentes para la contratación de las personas con discapacidad que prevé el gobierno supone una amenaza sin precedente para la empleabilidad del colectivo. Sólo una de cada cuatro personas con discapacidad, en edad de trabajar, tiene empleo en España. De ver la luz la normativa que prepara el Ministerio de Trabajo, serán muchos menos.
Amenaza al empleo, varapalo a los derechos y ausencia de diálogo
La reforma elimina la bonificación del 100% por la contratación de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo como el nuestro. Los contratos indefinidos contarán con una bonificación lineal, igual a la que disfrutan las empresas ordinarias. El anteproyecto de ley establece una bonificación de 366 euros al mes para la contratación indefinida (menor que los 375 euros que se aplican actualmente para los contratos en centros ordinarios). Sólo en caso de que el trabajador con discapacidad pertenezca a alguno de los grupos con mayores dificultades para la empleabilidad, la cuantía de la bonificación será de 421 euros.
La realidad es que esta nueva bonificación reducida solo servirá para cubrir la cuota si el trabajador cobra el Salario Mínimo Interprofesional actual. En caso de que su salario sea mayor o de que el SMI suba, implicará una mayor inversión por parte de la empresa, lo que podría traducirse en menos contratos nuevos y desincentivación de la subida salarial.
La eliminación de los incentivos a la contratación de las personas con discapacidad puede afectar a las empresas ordinarias y a los Centros Especiales de Empleo, unos 2.100 en todo el país, que emplean a casi 100.000 personas con discapacidad. Pero sin duda serán ellas, las personas, las más afectadas, al tratarse de un colectivo con muchas dificultades para acceder al mercado de trabajo. Son los incentivos los que, muchas veces, decantan la balanza de las empresas a la hora de contratar a un trabajador o trabajadora. Si se eliminan, se corre un riesgo más que cierto de que esa balanza no caiga del lado del profesional con discapacidad. Esta es la cruda realidad que el Ministerio de Trabajo no ha calibrado. Tampoco ha establecido ningún diálogo o consulta con nadie, antes de adoptar decisiones de tanto calado para el futuro del mercado de trabajo de las personas con discapacidad. Ni Comunidades Autónomas afectadas, porque la nueva norma invade sus competencias, ni organizaciones, ni asociaciones de personas con discapacidad, que ven cómo de manera unilateral se pone en claro riesgo el futuro laboral del colectivo y la viabilidad de los Centros Especiales de Empleo.
La quiebra de un sistema que funciona
El grueso de las personas con discapacidad que trabaja en España, lo hace en un Centro Especial de Empleo, como Ceesur INTEGRACIÓN. El sistema funciona, como se ha demostrado desde que surgieron hace más de 40 años. Se han convertido en los principales empleadores de las personas con discapacidad, abriendo además la puerta para que muchos de estos trabajadores accedan al mercado ordinario. Algo que, sin su existencia, sería imposible en las más de las ocasiones. Poner en riesgo el futuro de los Centros Especiales de Empleo es arriesgar el futuro empleo de las personas con discapacidad y los puestos de trabajo existentes.
Cuesta comprender las razones que han llevado al ejecutivo a acometer esta reforma en este momento y sin consulta alguna al colectivo afectado. El anteproyecto de ley habla en su exposición de motivos de que la reforma de las bonificaciones al incentivo del empleo forma parte del componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que el Gobierno comprometió con la Comisión Europea, para la percepción de los fondos NextGenerationEU. Resulta extraño tener que asumir que para que llegue el dinero de Europa haya que destruir miles de empleos de los y las que más dificultades encuentran para acceder al mercado de trabajo. Resulta aún más extraño que la medida provenga de un gobierno que se pretende social.
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